Estamos próximos a que se cumpla el primer año del nuevo seguro complementario de salud, el que fue contratado con la Compañía de Seguros Cruz Blanca, que bajó los topes a un 90% de la prestación y se adecuó a la modalidad con BMI, a partir del 50% de lo cubierto por la respectiva Isapre o FONASA.
Al contratar este tipo de seguros fue necesario adecuarse a la realidad financiera del Fondo de Bienestar; lamentablemente el resultado fue discriminatorio para el grueso de los funcionarios, a quienes se les han encarecido las consultas, los exámenes y con mayor razón cualquier prestación quirúrgica, toda vez que es el funcionario quien, además de tener una cobertura menor como señalé anteriormente (90%), deben hacer pagos que les permitan completar el 50% de lo no cubierto por la Isapre o, simplemente, cambiar de centro médico o clínicas de atención, dejando muchas veces a su médico de toda la vida y debe someterse a la incertidumbre de quién lo atenderá; a esto se suma que ese nuevo facultativo desconoce por completo su historial médico. Más grave aún es el caso de quienes están en Fonasa, pues se ven obligados a recurrir a los servicios públicos, con todas las deficiencias que sabemos que tiene la salud pública.
Esta situación resulta totalmente discriminatoria y fomenta la desigualdad. Sin duda, los altos ejecutivos tienen planes en las Isapres que les permiten cumplir con el BMI o tienen los recursos para pagar las eventuales diferencias que pudieran originárseles, sin necesidad de cambiar de médico, clínica o establecimiento de salud, como tenemos que hacer el grueso de los funcionarios.
Es desigual que tengamos que cambiar nuestros planes, nuestros centros asistenciales e incluso médicos para ajustarnos a la realidad que nos impone este sistema, inserto en el perverso sistema de salud que posee nuestro país.
Ante esta situación, debiéramos, si ello fuera posible, licitar nuevamente el seguro sin la utilización del BMI, además de establecer un aporte solidario de parte de los funcionarios para contribuir al financiamiento de acuerdo a sus ingresos, donde quienes ganan más aporten y ayuden a financiar al resto a través de un sistema colaborativo y solidario entre los compañeros que formamos parte de esta querida institución, y con ello restituir el elemental principio de equidad hoy desparecido.
El desconocimiento y la falta de experiencia en estas materias nos llevaron a aprobar un sistema tan injusto y alejado del espíritu solidario que siempre ha regido nuestro Bienestar. En lo que a mí respecta, ofrezco disculpas.
Finalmente, aprovecho de agradecer a los funcionarios de Bienestar que hacen grandes esfuerzos para sobrellevar de la mejor forma este importante departamento y apoyarnos en nuestras necesidades.