Hoy estamos insertos en un profundo debate sobre la descentralización o desconcentración de las instituciones públicas. Lo que nos concierne, preferentemente, es lo referente a las atribuciones y las facultades que les serían transferidas y en qué condiciones. Allí, en medio de este debate, estamos nosotros con un planteamiento propio basado en comités de fomento productivo, con una fuerte preponderancia privada por sobre la pública (universidades y empresarios).
Pero fuera de este debate ha quedado una materia muy relevante y trascendente previa a la toma de la decisión que en definitiva se adopte, y es nada más y nada menos el tipo de Estado que queremos para Chile. Cualquiera que sean los planteamientos que se han entregado al respecto, se ha obviado lo central, queremos mantener un Estado subsidiario con una fuerte injerencia neoliberal o un Estado participativo, popular, solidario y con una fuerte presencia en lo económico; un Estado que mantenga para si los medios de producción vitales para la ciudadanía y los servicios básicos.
Creemos indispensable -previo a adoptar un modelo descentralizado– se debe terminar de plano con el Estado subsidiario que nos rige, poniendo fin a la normativa que no permite al Estado invertir, crear y participar en la administración y gestión de empresas existentes y nuevas empresas, con una economía al servicio de la ciudadanía y no de unos pocos interese particulares, con una normativa laboral que, a lo menos, iguale los derechos de trabajadores y empresarios, con plena libertad sindical, con un sistema previsional de reparto, solidario y administrado por el Estado.
El Estado subsidiario que hoy nos rige, y se ha perpetuado, es herencia de un régimen dictatorial, que “regalo” Chile a los grupos económicos, acorde con las políticas neoliberales aún existentes, que buscan llevar al Estado a la mínima expresión, dejando abierta su intervención exclusivamente para cuando la iniciativa privada no estuviera en condiciones o no pudiera hacerlo. Es así como la mayoría de nuestros recursos van sistemáticamente pasando a grupos económicos, incluso los de los trabajadores a través de las AFPs; se aumentan las concesiones, habiendo llegando incluso a dejar al Estado fuera de los servicios básicos: agua, luz, transporte, vialidad, energía y, lo último, nuestro mar, entregado por una ley espuria a siete familias. Recordar solamente como nuestra institución “regalo” o vendió a vil precio todas sus empresas a grupos económicos, y lo más triste es que nada se ha hecho o, a lo menos, intentado recuperar.
Chile hoy ya no nos pertenece, sus dueños son poderosos grupos empresariales y los niveles de inequidad en nuestro país siguen aumentando con la mantención de este perverso modelo.
Por cierto que es importante descentralizar el país y Corfo no puede estar ajena a ello; pero con un modelo que signifique mayor presencia del Estado en el quehacer económico y donde los recursos públicos sean asignados por el Estado y no autoasignados por privados.
Chile requiere más y mejor Estado para avanzar en equidad y justicia social.